El principal problema de salud en Uruguay no es una prioridad para el Estado

La Seguridad Vial en Uruguay  ha ido perdiendo importancia, a lo largo de éste segundo período de gobierno del Presidente Vázquez. No decimos perdiendo prioridad, porque nunca la tuvo.

Al día de hoy, la UNASEV (Unidad Nacional de Seguridad Vial), en lugar de ser potenciada en funciones, se ve cada vez más disminuida. Llama la atención que no sea una prioridad para el Poder Ejecutivo por varios motivos:

1 – El Presidente Vázquez es Doctor en medicina, motivo por el cual conoce bien los efectos que tiene en salud, descuidar el flagelo de los siniestros/accidentes de tránsito, que dejan año a año más heridos y fallecidos que cualquier tipo de hecho delictivo, o enfermedad. Sin embargo tampoco es un tema prioritario a la hora de informar para los medios de comunicación masivos, y para la sociedad en su conjunto: es más relevante morirse en el transcurso de un hecho delictivo que en un siniestro/accidente de tránsito. Lo primero (muertes en hechos delictivos) genera casi una alarma púbica,  y está bien que así sea, pero ni cerca se ve la misma alarma por los muertos viales. Cabe preguntarse porque unas muertes son más importantes que otras ¿?

2 – Yendo a lo económico, estimaciones indican que la pérdida que producen los siniestros de tránsito son de un grado similar al déficit fiscal que tiene el Estado Uruguayo en los últimos años, por lo cual invertir y trabajar en Seguridad Vial tendría efectos positivos en el mediano y largo plazo no solo en lo social y en la salud, sino también en lo económico.

¿Desde el Estado se ha trabajado para revertir la situación? Sí, pero de forma aleatoria y sin resultados totalmente eficientes y previstos en los objetivos del Decenio (ver gráfico más abajo). Se han legislado y reglamentado diversas normativas, pero en los hechos varias de ellas han sido letra muerta.

Resumen de normativas relativas al tránsito y Seguridad Vial de 2007 a la fecha:

En la primera presidencia de Vázquez,

Ley 18.113 (2007) – Creación de la UNASEV, en paralelo con la nueva Ley de tránsito (Ley 18.191) del mismo año.

Ley 18.346 (2008) – Transporte escolar.

Ley  18.412 (2008) – Ley de seguro Obligatorio automotor – SOA

Ley 18.471 (2009) – Tenencia responsable de animales.

– Luego, de 2010 a 2015, ya con José Mujica en la presidencia, se agregaron otras leyes que incluyeron temas de tránsito y/o de normas técnicas para equipamientos en vehículos:

Decretos 206/010 -427/010 – Decreto sobre cinturones de seguridad.

Ley 18.791 (2011) – Ley de subasta de determinados vehículos requisados. (No logró su cometido y se modificarían artículos de aprobarse el proyecto de ley de tránsito que está a estudio del parlamento, art. 50)

Ley 18.860 (2012) – Ley de creación del Sucive. (Acuerdo del Congreso de Intendentes). Se definió no cobrar patentes a vehículos anteriores a 1975, pero con la obligatoriedad de que dichos vehículos aprobaran una inspección técnica vehicular (ITV). Nunca se controló esto último.

Ley  18.904 (2012) – La República Oriental del Uruguay declara la década 2011-2020 como el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial.

Ley 19.061 (2013) – Disposiciones relativas al tránsito y a la seguridad vial, y su posterior decreto reglamentario (81/014, en 2014). NOTA: La referida reglamentación y su entrada en vigencia sufrió continuas prórrogas otorgadas por el Ministerio de Industrias y por el Congreso de Intendentes.

Ley 19.120 (2013) – Ley de Faltas.

Ley 19.172 (2013) – Regulación y control del cannavis (incluía la prohibición de conducir bajos los efectos de dicha sustancia).

– En el segundo período del Dr. Vázquez como presidente, desde 2015, se han sumado las siguientes leyes y decretos:

Ley 19.315 (2015) – Ley Orgánica Policial. La Policía Caminera pasó a ser la Policía Nacional de Tránsito; donde se le otorgaron nuevas potestades para fiscalizar dentro de jurisdicciones que antes no podía y se modificó su estructura interna.

Ley 19.360 (2015) – Tolerancia cero de alcohol en Sangre.

En  2015, la Ley de Presupuesto N° 19.355, incluyó modificaciones a la ley 18.113 (creación de la UNASEV) aunque fueron cambios menores en lo que a potestades refiere: siguió siendo un órgano de sugerencias y asesoramiento, sin capacidad ejecutiva. Tal vez lo más destacable es que se creó la Junta Nacional de Seguridad Vial y oficialmente el SINATRÁN. También en dicha Ley de Presupuesto se creó la CoTRyBA – Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (relacionada al tránsito en el tema: animales sueltos en vía pública y los siniestros y accidentes que éstos generan).

En 2017, Decreto 213/017 – Reglamento técnico de calidad para neumáticos de motos y ciclomotores.  (Además de las leyes y decretos señalados anteriormente hubo alguna otra disposición para maquinaria agrícola, etc.).

Como se observa, en los papeles,  hubo varias leyes y normativas que intentaron organizar y mejorar la situación del tránsito, la Seguridad Vial y temas indirectamente relacionados.

Durante los 2 períodos consecutivos que la UNASEV fue dirigida por el Dr. Gerardo Barrios, de 2007 a 2017, sin llegar a cumplirse los objetivos del Decenio (salvo en el 2012),  los números de fallecidos en el tránsito tuvieron una reducción hasta el 2016, año donde se produjo un punto de inflexión y empezó a subir nuevamente el número de fallecidos en 2017 y aún más en 2018 (casi 200 fallecidos más que la meta estimada). En los primeros años de funcionamiento de la UNASEV, pese a sus potestades restringidas, posiblemente por la articulación de la UNIDAD, y una fiscalización que mejoró respecto a los años precedentes, se  logró contener el ritmo de subida de fallecidos en el tránsito.

Sin embargo, al observar los números de los últimos años, la cantidad de fallecidos y heridos graves en siniestros, se está muy lejos de cumplir con las metas fijadas por el Decenio de Acción por la Seguridad Vial. Además, al observar la gráfica de fallecidos se observa que, incluso en la mejora de los primeros años desde que empezó a funcionar la UNASEV, se ha mantenido una meseta que ha sido difícil de bajar de forma importante.

 

Motivos hay varios. Muchas de las leyes enumeradas anteriormente, no se fiscalizan  (o se fiscalizan poco) por lo que en la práctica, terminan siendo letra muerta.

Por poner algunos  ejemplos de no fiscalización de las normas:

1 – La ley 19.061 indicaba que los menores de 12 años debían usar Sistemas de Retención Infantil (SRI). Hoy a 5 años de aprobada, sigue sin haber fiscalización efectiva, tanto a nivel nacional (por parte de la Policía de Tránsito) como a nivel departamental (Cuerpos inspectivos de las Intendencias). ANCOSEV advirtió en varias oportunidades sobre esta falta de control -que derivó en varios menores fallecidos en siniestros de tránsito por no uso de SRI- a los distintos órganos de contralor, pero la situación no ha visto mejora, por el contrario sigue sin fiscalizarse.

2 – SOA – Lo debe fiscalizar el Ministerio del Interior: control escaso o nulo en algunas localidades.

3 – Tolerancia Cero al alcohol en la conducción. Varias intendencias no fiscalizan dicha falta, o lo hacen de forma escasa o aleatoria (solo algunas horas, algunos días).

4 – No usar casco. Igual que el punto anterior, llegando al extremo que algunos intendentes defienden públicamente el NO uso del casco.

5 – Decreto reglamentario de Ley 19.061 referido a la inclusión de equipamiento de seguridad para algunas categorías de vehículos: se otorgaron prórrogas sobre prórrogas, por parte del Poder Ejecutivo a solicitud del Ministerio de Industrias, y también hubo prórrogas ejecutadas unilateralmente por parte del Congreso de Intendentes.

6 – La Junta Nacional de Seguridad Vial (JNSV), integrada por varios ministerios y representantes del Congreso de Intendentes no ha sido eficiente en su funcionamiento, persistiendo algunos problemas en el tránsito, desde hace años conocidos, pero que no se solucionan. Podríamos citar 2 ejemplos, donde la articulación de la JNSV es fundamental pero no se ven resultados: animales sueltos y picadas, en la vía pública.  Ejemplos, estos últimos donde también muestran la ausencia del Poder Judicial (La Ley de Faltas, no se ha aplicado pena en ningún caso por picar en la vía pública). Los organismos del Estado (nacionales y departamentales) se trasladan responsabilidades y ninguno actúa.

O sea, existen normas, pero muchas  de ellas no se controlan, o se controlan poco. Si la fiscalización es escasa, el infractor lo percibe. Hace unas semanas se viralizó un video que mostraba dos individuos picando junto a un móvil policial. Con dicha imagen, no hay mucho más que agregar sobre el escaso de control de esta falta.

Por otra parte, en otros factores que desde la OMS/ONU se recomendó actuar -además de la fiscalización- a los países miembros, Uruguay tampoco tuvo como prioridad ni política de Estado actuar sobre ellos:  vehículos más seguros, vías más seguras  y respuesta tras los siniestros.

Vehículos más seguros.  Luego de la Ley 19.061, que no negamos fue un avance pese a estar incompleta, seguimos esperando una actualización de requisitos para vehículos 0 km. Recién a fin de 2018 ingresó al Parlamento un proyecto de ley con algunos agregados que para ANCOSEV siguen siendo insuficientes, en elementos y en fechas para cuando serán exigibles. En este punto dejamos en claro que desde 2015 hemos intentado aportar, pero  tuvimos poca receptividad de la UNASEV y también del MIEM (Ministerio de Industrias).

Vías más Seguras. Persisten en las vías de tránsito (nacionales y departamentales), fallas y defectos viales que se cobran víctimas: postes y columnas expuestas y no colapsables, falta de vallados, guardarrailes, muros separadores New Jersey,  falta de sendas de frenado y de giro, cordones peligrosos, falta de señalización o incorrecta, etc. En este punto (Vías seguras), no obstante, debemos destacar algunas obras y modificaciones que desde el MTOP se han realizado en los últimos años y han mejorado la seguridad de algunas rutas. Varias de ellas fueron sugeridas y/o apoyadas desde ANCOSEV. El MTOP, es el ministerio que aún con algunas diferencias que hemos tenido con el mismo,  nos consta acepta los aportes y las críticas constructivas; lamentablemente es una excepción.

Respuesta tras los siniestros: Hay un proyecto de ley para mejorar y organizar la respuesta tras los siniestros que duerme en alguna depenencia del Estado.

¿Estudiar las Causas?  Una premisa fundamental en Seguridad Vial, es el estudio de las causas. Si bien las recomendaciones mencionadas antes son para todos, cada país debería hacer su propio estudio de causas para así poder trabajar más eficientemente sobre las mismas. En su momento, hace un par de años, el Ministerio del Interior (MI) informaba, que se empezarían a estudiar las causas, para así poder actuar con datos objetivos. Saludamos esa iniciativa, pero al día de hoy no hemos visto informe alguno presentado sobre el tema. Lo único que se difundió es que el MI en base a datos del Sinatrán presentó al MTOP un listado de puntos de alta siniestralidad donde se debía actuar. Es algo positivo, pero no es lo mismo analizar cantidad de siniestros que estudiar las causas que los provocaron.

En resumen, pese a todo lo legislado, no se lograron cambios importantes y persistentes en la mejora de la Seguridad Vial. Por el contrario, se ha visto un empeoramiento y retroceso de la situación en los últimos años.

El documento del Decenio también recomendaba explícitamente incluir a las Asociaciones, organizaciones y representantes de la Sociedad Civil (*), cosa que en Uruguay, por nuestra propia experiencia podemos afirmar que la inclusión ha sido testimonial. Peor aún, algunos ministerios -y sus jerarcas- como en el caso del MIEM, han sido totalmente cerrados a los aportes externos.

* “El Plan para el Decenio reconoce asimismo la importancia de la implicación local y nacional, y de la participación de varios sectores y organismos… Se deberían incluir las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado en el desarrollo y ejecución de actividades nacionales e internacionales tendentes a la consecución de la finalidad del Decenio.”

SOBRE LOS PRIMEROS MESES DE 2019: Algunas intendencias y el Ministerio del Interior han difundido datos de siniestros en los primeros meses del año (enero – febrero). Se destacaba que había una baja en los fallecidos y en la cantidad de siniestros. Sin embargo, en dichos informes, no tomaron en cuenta que tanto enero como febrero de 2018, fueron períodos donde se evidenció una baja en el tránsito de turismo interno y externo. ANCOSEV pudo comprobar, mediante el conteo vehicular de pasaje por peajes, una reducción importante del flujo promedio de vehículos, de aproximadamente un 20%, que entendemos está directamente relacionado con esa baja.

ANCOSEV ve con preocupación que desde la Presidencia de la República no se vea como prioridad este tema y no se actúe en consecuencia. En lugar de dotar de más recursos y potestades a la UNASEV se hace lo contrario y en los últimos años vemos que la Unidad pierde la poca fuerza institucional que tenía. El Ministerio de Industrias, luego de las exigencias de la Ley 19.061, no ha avanzado hacia la actualización real de nuevas reglamentaciones para normas vehiculares en seguridad. Las intendencias siguen con sus diferencias de cuáles infracciones controlan y cuáles no.

En definitiva nuestro país sigue manejando valores preocupantes de fallecidos y heridos graves en el tránsito y no hay la más mínima autocrítica de la mayoría de los jerarcas nacionales y departamentales  e instituciones, de lo mal y/o  ineficientemente que se hacen muchas cosas. Pensaran que están haciendo todo bien ¿? En otros países por menores subas de fallecidos de un año para el siguiente (sumado a los miles de heridos graves por año que tiene Uruguay) generan alertas y se hacen revisiones y cambios en el sistema, poniendo énfasis en estudiar las causas para actuar sobre ellas. Aquí, lamentablemente, para muchos parece que está todo bien y se sigue con el mismo sistema. El resultado está a la vista.

Los 3 poderes del Estado uruguayo (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en lo que a Seguridad Vial se refiere, no están cumpliendo con el mandato constitucional que establece proteger la integridad física y la salud de los habitantes del país.